Por más de 15 años, Ruiz Morales & Abogados reúne a un equipo de abogados expertos trabajando en el diseño y ejecución de estrategias legales y procesales integrales, referidas a la contratación pública en sus diferentes modalidades y en todos aquellos aspectos que se deriven de éstas.

Somos asesores legales estratégicos de empresas nacionales y extranjeras, a quienes acompañamos en su relacionamiento con el Estado Peruano y, de entidades del sector público.

Misión


Nos comprometemos con nuestros clientes, identificándonos con sus necesidades, objetivos e intereses, formulando estrategias legales integrales para la prevención y mitigación de riesgos.

Así mismo, buscamos la solución eficaz de sus controversias.

Lo que nos compromete


Honestidad: buscamos que nuestros actos se rijan bajo los criterios de rectitud, honor y ética, que caracterizan nuestro prestigio institucional, personal y profesional.

Excelencia: Estamos comprometidos a entregar con oportunidad, eficacia y oportunidad un servicio caracterizado por la calidad y puntualidad, que aporta valor a nuestros clientes y que va más allá de sus expectativas.

Innovación: creemos en la innovación constante de nuestros servicios.

Trabajo en equipo: Actuamos con prontitud y diligencia. Estamos comprometidos a respetar los acuerdos y a tomar decisiones colegiadas para ofrecer los mejor de nosotros mismos.

Nuestros logros


Hemos logrado sentencias favorables que han creado criterios interpretativos para la resolución de casos similares en la justicia peruana. Asimismo, estos logros se han convertido en factores coadyuvantes para el estado peruano en su necesidad de cubrir aspectos que no están regulados.

Algunos ejemplos:

Somos la primera firma en el Perú en obtener:

  1. Una tutela de los juzgados constitucionales suspendiendo registros sanitarios vigentes a fin de cautelar los derechos de la salud.
  2. Una tutela de los juzgados contenciosos administrativos suspendiendo registros sanitarios vigentes a fin de cautelar los derechos de la salud.
  3. La primera sentencia en vía contenciosa administrativa que cancela un registro sanitario a un producto farmacéutico que fuera indebidamente otorgado por la DIGEMID.